Advierten de juicios legales contra Gobierno mexicano por reforma eléctrica

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) aprobada la semana pasada por el Senado de la República y, antes, avalada por la Cámara de Diputados traerá varios juicios legales de empresas privadas, asociaciones civiles y consumidores contra el Gobierno de México, consideran expertos en temas jurídicos.

El control mayoritario que ejercerá la política en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría violar contratos previamente establecidos con organizaciones nacionales y extrajeras que buscaran hacer valer sus acuerdos y no quedarse fuera del mercado energético en el país.

La principal causa de desencanto entre la Iniciativa Privada (IP) con el gobierno federal será el beneficio que la CFE tendrá como despachador preferente de electricidad de plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles sobre sus competidores.

Al mismo tiempo, el decreto ordena revisar los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

«Las empresas, una vez que conozcan los efectos que va a producir la implementación de esta modificación, decidirán establecer una defensa legal de sus derechos, buscarán proteger los derechos que tienen adquiridos y que se respete el orden constitucional», comentó Mariana Salinas, abogada de grupo Enersave, para EFE.

La normativa también establece 180 días para que las dependencias encargadas expidan la reglamentación, agregó Salinas.

Las empresas afectadas podrán presentar amparos directos en tribunales mexicanos o recurrir a arbitrajes internacionales con el argumento que «se están violando derechos básicos de libre concurrencia y de certeza jurídica».

Por su parte, Miguel Mateo, experto en energía de Hogan Lovells, apuntó que el Estado mexicano deberá ser cauteloso con la aplicación de su ley, pues a su vez, en un caso estricto, podría fracturar negociaciones comerciales de otros tipos con empresas internacionales.

«Uno de los principios básicos del Derecho es que, si ya hay un contrato, el contrato se tiene que respetar, si se otorgó bajo ciertas reglas, deben respetarse y también el entorno bajo el que el contrato se hizo», dijo.