Aprueban ‘Ley Ingrid’ en CDMX, que castiga difusión de imágenes explícitas de víctimas

El Congreso de la Ciudad de México aprobó la ‘Ley Ingrid’, que busca sancionar con entre dos a seis años de prisión a servidores públicos que difundan información, fotografías o algún documento en relación a un procedimiento penal.

La iniciativa fue avalada por unanimidad con 58 votos a favor y se construyó con propuestas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y por los diputados Isabela Rosales (Morena), Gabriel Quiroga (PRD) y Ana Patricia Báez (PAN).

La Ley Ingrid también impone una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), a su valor actual de 89.62 pesos, la cual es una referencia económica que determina el pago de obligaciones de quien comete el acto.

Los funcionarios públicos que incurran en este delito serán aquellos que “indebida, difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remota, distribuya, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta fotos, videos, audios o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo”.

Asimismo, si las sanciones previstas anteriormente fueran rebasadas se aumentará una tercera parte, solo si la información se filtró con el fin de acabar con la dignidad de las víctimas o sus familiares; tratándose del estado de salud de la víctima, así como cadáveres, lesiones o cualquier otra circunstancia de muerte en mujeres, niñas o adolescentes.

El dictamen señala que “la vida de una persona que ha sido violentada o su forma de muerte nunca deben ser causa para su revictimización o agravar aún más el daño causado”.

¿Quién era Ingrid Escamilla?

La iniciativa de la Ley Ingrid surgió a raíz de los sucesos cometidos en redes sociales en relación con el feminicidio de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada por su pareja en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Escamilla fue víctima de revictimización y exposición pública, los culpables de la difusión fueron agentes de la Fiscalía local, quienes difundieron fotos de la víctima con el cuerpo intervenido y violentando.

La difusión en redes sociales fue masiva, por lo que activistas y familiares de la víctima solicitaron la intervención del personal correspondientes para que se eliminara el contenido y se sancionara a los servidores públicos.