Baja California Sur, noveno estado en México en legalizar el aborto

El Congreso de Baja California Sur aprobó este jueves un decreto para garantizar la interrupción legal del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación. Con 16 votos a favor, 3 en contra y cero abstenciones, Baja California Sur se convirtió en el noveno estado en México en aprobar dicha ley.

El proyecto discutido fue presentado el pasado 26 de mayo como una iniciativa ciudadana de Mónica Jasis Silberg y previamente, en junio de 2021, el Congreso había desechado otro dictamen que buscaba la despenalización del aborto.

Con su decisión, los legisladores aprobaron reformas que adicionan, modifican y derogan diversos artículos del Código Penal local, así como reformas y adiciones a la Ley de Salud del Estado.

Para argumentar sus votos, diputadas y diputados a favor de la iniciativa destacaron «la necesidad de garantizar el aborto como una forma de combatir la injusticia social, las muertes maternas por abortos inseguros y para garantizar plenamente el derecho a la salud».

«Las mujeres mueren en abortos clandestinos, hay mujeres encarceladas por abortar y las mujeres en desventaja social son quienes más sufren las consecuencias de un andamiaje jurídico que no faculta a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo», dijo la diputada María Guadalupe Moreno, del partido Morena.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Poder Legislativo local, Eufrocina López, expuso que «criminalizar a las mujeres por decidir libremente sobre sus cuerpos únicamente perpetúa las violencias y violaciones a los derechos históricamente sufridos por las mujeres, especialmente las mujeres indígenas y afrodescendientes, así como las niñas y adolescentes que son víctimas de violación sexual».

Por su parte, María Antonieta Alcalde, directora de Ipas Centroamérica y México, organización que trabaja para expandir el acceso al aborto seguro y acabar con los procedimientos inseguros de aborto, dijo que pese a la presión de grupos antiderechos, los legisladores «priorizaron el reconocimiento de la interrupción legal del embarazo como un servicio de salud reproductiva fundamental para la garantía de los derechos de las mujeres».