Staff Semanal Gráfico
A primeras horas de este miércoles la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció en torno al asesino Tomás Rojo Valencia, activista y vocero de la etnia indígena yaqui. La organización internacional condenó los acontecimientos luego de recordar que, en lo que va del año, México suma el homicidio de 9 personas defensoras de derechos humanos.
La desaparición del líder yaqui había sido registrada por autoridades desde el pasado 27 de mayo, sin embargo Rojo Valencia, de 54 años de edad, fue hallado sin vida por la Fiscalía del estado de Sonora en el interior de una fosa clandestina en la comunidad de Vícam, en el municipio de Guaymas.
La CNDH acogió el caso luego de que los familiares de la víctima expresaran que la desaparición y muerte del vocero está presuntamente relacionada con su activismo durante la construcción y posterior operación del Acueducto Independencia desde 2010.
La construcción del canal desató la denominada “guerra del agua” en el Sur de Sonora y la cual fue encabezada, entre otros, por Tomas Rojas para evitar que el acueducto redirigiría parte del río Yaqui hacia la ciudad de Hermosillo, reduciendo considerablemente el suministro de agua en la comunidad indígena y sus agricultores.
“Por los eventos antes descritos, esta Comisión Nacional demanda a la autoridad de procuración de justicia indagar de manera exhaustiva los asuntos mencionados, con especial atención en la posible relación de estos con la actividad de defensa de derechos humanos de las víctimas” sentenció el cuerpo del defensor mediante comunicado de prensa.
El organismo también indicó que “No pasa desapercibido que, desde el pasado 17 de junio de 2021, la también activista Lorena Josefina Valenzuela Esquer, integrante de la comunidad Yaqui” y por lo que “hace un enérgico llamado a las autoridades para garantizar la vida, seguridad e integridad”
La Comisión Nacional reiteró que desde 2006 han documentado un total de 69 homicidios en contra de personas defensoras de derechos humanos, por lo que el contexto de inseguridad y violencia «inhiben el ejercicio de su actividad».
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