
Las ‘facturas’ por la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) aprobada a inicios de mes ya empezaron a ser cobrar secuelas por las afectaciones contra empresas privadas y los beneficios que hay en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Hasta este martes, dos jueces han concedido suspensiones provisionales en contra de la iniciativa como resolución a 11 amparos presentados por la Iniciativa Privada y que frenan los efectos de la misma publicada la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación.
«Se concede la suspensión provisional solicitada para el efecto de que se suspendan todos los efectos y consecuencias derivados de la Ley de la Industria Eléctrica publicada el 9 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF)», estableció la resolución del juez Primero de Distrito Especializado en Competencia Económica, Rodrigo de la Peza López.
De la Peza es el segundo juez que suspende la reforma eléctrica junto a su homologo Juan Pablo Gómez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica.
El principal cambio legal es eliminar el criterio económico para despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.
También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.
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