El paso de la Guardia Nacional a la Sedena; en extensión de militarización hasta 2028

El presidente Andrés Manuel López Obrador planea que estos proyectos sean llevados a consulta ciudadana en enero de 2023
Foto: Archivo / Oscar Rodríguez

La incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es el primer paso que la actual administración federal dio en busca de extender la militarización del país hasta 2028. Una reforma que otorga al Ejército más facultades de control de seguridad en los estados y en operación de proyectos de infraestructura nacional.

La Guardia Nacional, entonces adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), fue presentada en mayo de 2019, en sucesión de lo que fue la Policía Federal. El objetivo dispuesto por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador partió de crear un organismo civil con bases militares, que sirviera de apoyo a los mandos estatales y municipales contra grupos delincuenciales.

El cambio de dependencia por la Sedena fue aprobado el pasado 27 de agosto en la Cámara de Diputados; y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a inicios de septiembre.

“La cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya, por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo.”, signó el presidente López Obrador en un comunicado antes del fallo del Poder Legislativo.

Actualmente, la Guardia Nacional tiene más de 260 cuarteles y 110 mil elementos operativos. Esta iniciativa tiene a su alcance la reforma de cuatro leyes secundarias y con ello su respectiva modificación:  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, la Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas y la Ley de la Guardia Nacional.

Presencia del Ejercito hasta 2028, pero a consulta

Tras cerrar la transferencia de mando de la Guardia Nacional, ahora añadida a la estructura del Ejército, el titular del Poder Ejecutivo mexicano llamó junto a su bloque partidista a impulsar la militarización del país, que permitirá mayor injerencia de la Sedena en tareas de seguridad pública.  

El primer dictamen presentado en el Poder Legislativo contempló una vigencia de la reforma hasta el año 2028, pero la formulación final buscó hasta marzo de 2029. Las principales críticas en contra son: que las Fuerzas Armadas violen los derechos humanos de la ciudadanía, o generen disputas abiertas con células delictivas en cualquier parte del territorio.

El pacto de la mayoría relativa, el partido Morena y aliados, fue respaldado por el Partido de la Revolución Institucional (PRI), pero sus opositores truncaron la aprobación en el Senado de la República, por faltas en su planteamiento jurídico, entre otros desacuerdos.

Ante el panorama, el presidente López Obrador cambió la estrategia de aceptación por una consulta ciudadana prevista para el 22 de enero de 2023, donde preguntarán a los mexicanos tres parámetros: el desempeño de la Guardia Nacional; aprobación hasta 2028 de Fuerzas Armadas, Ejército y Marina hasta 2028 –después del fin de la actual administración federal (2024)-; y elección de mando para la Guardia Nacional entre la Sedena, Seguridad Pública o Gobernación.

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