Ataques con ácido en México: impunidad y desatención, el martirio de víctimas

Desde 2001 la Fundación Carmen Sánchez ha registrado 28 víctimas por este crimen
Foto: Archivo / Anel Esgua

Las mujeres víctimas de ataques con ácido en México cargar a cuestas juicios que no tienen final y falta de apoyo de autoridades públicas. Este delito no está tipificado como tentativa de feminicidio, que, de enero a septiembre de este año, los asesinatos en razón de género aumentaron un 5.5%, con respecto al mismo periodo de 2020.

De acuerdo con la Fundación Internacional de Sobrevivientes del Ácido (ASTI, por sus siglas en inglés), cada año se registran mil 500 casos de ataques con ácido en el mundo, el 80% de los ataques las víctimas son mujeres y niñas. En México no hay un registro oficial de estos casos; la Fundación Carmen Sánchez tiene registro de 28 víctimas desde 2001, de ese número seis de ellas no lograron sobrevivir.

Aunque el número parece bajo, esta cifra podría ser solo el principio de un problema con alcances desconocidos. Muchas víctimas no llegan a denunciar por temor a represalias o a un proceso legal lleno de injusticias, y en algunos casos cuando se denuncia, el ataque es clasificado bajo otro tipo de delito.

Agredir a las mujeres con ácido es premeditado e implica querer disolver a una persona física y psicológicamente, además de causar daños permanentes de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pero en algunos casos busca la muerte.

La mayoría de mujeres atacadas en México con agentes químicos habían mantenido una relación sentimental con su agresor y en muchos casos presentaron una denuncia previamente por violencia. Pese a ello, solo uno de los casos registrados ha tenido una sentencia firme para el atacante.

Sin protección por la ley

Gran parte del problema radica en que los ataques con ácido no son clasificados como delitos autónomos o como intentos de feminicidio en los códigos penales del de los 32 estados y el federal. Otra cuestión es la nula regulación para la venta de ácido, el cual se puede adquirir libremente.

Tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados cuentan con iniciativas que buscan penalizar las agresiones con ácido, pero terminaron en la congeladora.

La iniciativa del Parlamento plantea que las lesiones causadas por ácido sean consideradas un delito que amerita prisión preventiva y una pena de 9 a 12 años de prisión. Si el ataque causa daños a cara u órganos vitales la pena podría aumentar tres veces.

La del Senado busca que cualquiera que agreda a una mujer con cualquier sustancia corrosiva sea castigado hasta con 26 años de prisión.

Por otro lado, los diputados aprobaron en marzo de 2021 un dictamen por el que se reformó el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estableciendo que los actos que ocasionen daño con sustancias corrosivas y/o tóxicas se considerarán violencia física en razón de género.

Solo tres entidades reconocen estos ataques como delito. La primera fue la Ciudad de México donde las agresiones con ácido son penalizadas desde enero de 2020 con sentencias de 9 a 12 años de prisión.

Los dos restantes son el Estado de México y Oaxaca, ambas impulsadas después de los ataques a la activista Carmen Sánchez y la saxofonista María Elena Ríos, respectivamente. El congreso del Estado de México reformó el Código Penal para castigar hasta con 10 años de prisión a quien arroje ácido o sustancias corrosivas a una persona, mientras que el de Oaxaca lo hizo con penas de 20 a 66 años de prisión.

En un país donde la impunidad en delitos contra las mujeres sigue imperando y la pasividad de las autoridades ha llevado a que en los primeros seis meses de 2021 un promedio de 10.4 mujeres fueran asesinadas en el país, todavía queda un largo camino para que las mexicanas logren hacer reaccionar a un gobierno ciego a sus necesidades.

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