Un retraso más, legalización de la marihuana en México

Foto: Oscar Rodríguez

El pasado 30 de abril venció el tercer plazo que tenía el Poder Legislativo sobre la aprobación de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. La reforma quedó ‘atorada’ en las comisiones del Senado de la República, que, con el término del periodo ordinario, podría retomar discusión hasta septiembre próximo.

Fue en 2018 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de consumidores que habían interpuesto un amparo para poder consumir cannabis por fines lúdicos y no medicinales, como lo había estipulado el Congreso a finales de 2016.

La sentencia se volvió obligatoria, por lo que se determinó que ambas cámaras tenían hasta el 31 de octubre de 2019 para reformar la Ley General de Salud, la cual en su capítulo sobre sustancias psicoactivas prohíbe el uso recreativo de la marihuana.

«El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite que las personas mayores de edad decidan -sin interferencia alguna- qué tipo de actividades lúdicas desean realizar (…) ese derecho no es absoluto y podría regularse el consumo de ciertas sustancias, pero las afectaciones que provoca la marihuana no justifican una prohibición absoluta», dictó la resolución de la SCJN.

El plazo no se cumplió, por lo que la Suprema Corte concedió una nueva prórroga que terminaba el 30 de abril de 2020, debido a la pandemia este plazo también se venció.

Hasta el 19 de noviembre de 2020, el Senado aprobó en lo general la reforma, pero la presidenta de la Cámara de Diputados pidió la extensión del plazo hasta el final del periodo ordinario el 30 de abril de 2021, con el argumento de que el tema necesitaba mayor análisis por su complejidad.

Meses después de centrarse en otras iniciativas como la Ley Eléctrica, el 10 de marzo de 2021 la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal para la Regulación del Cannabis en lo general con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones. Pese a ello, la iniciativa fue devuelta al Senado con todas las modificaciones hechas para su nueva votación.

Antes de su discusión en el pleno del Senado, la iniciativa pasó por comisiones. El dictamen fue aprobado por la Comisión de Justicia y Estudios Legislativos, pero se quedó estancada en la Comisión de Salud donde ni siquiera se reunieron para su debate. Para el 30 de abril, la reforma no había sido votada de nuevo, por lo que ahora tendrá que esperar al periodo extraordinario en septiembre.

Una iniciativa imperfecta

Aunque los grupos a favor de la legalización esperaban se diera lo más pronto posible, no son indiferentes a que la minuta presentada no era perfecta. Afectando el acceso a la marihuana, su regulación y, además, los estigmas hacia el consumo y los consumidores.

Estipulaba la porción permitida por persona no podía rebasar los 28 gramos, además de que el cultivo casero se reducía a ocho plantas.

“Nos falta que se descriminalice efectivamente la posesión de cannabis, porque se sigue criminalizando la posesión de más de 20 gramos con sanción administrativa o penal, dependiendo de la cantidad, pero con menos de 28 gramos de todas maneras te detendrían y te presentarían ante el Ministerio Público para poder determinar cuánto estás portando realmente”, manifestó Amaya Ordorika, Coordinadora de Incidencia Política del colectivo ReverdeSer, en entrevista con el Semanario Gráfico.

Además, se aumentaron las penas, de tres a cuatro años de prisión y de 80 a 100 días de multa a quienes posean cannabis psicoactivo sin autorización, lo que iría en contra de la sentencia de la Suprema Corte.

La iniciativa presentada por el Senado presentaba la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control de Cannabis, órgano que se iba a encargar de diseñar políticas públicas, supervisar las asociaciones de consumidores de marihuana y otorgar las licencias para producción industrial y venta. Por su parte, las y los diputados eliminaron su creación, pasando sus responsabilidades a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), entre otras autoridades competentes.

También facilitaron las licencias para empresas, dejando de lado a campesinos y comunidades cultivadoras.

“Lo que estamos viendo es un modelo regulatorio que prioriza la gran industria, a las grandes empresas, al capital nacional y extranjero que ya está listo para ocupar este mercado, que promueve la conformación de un mercado con grandes empresas, con corporativos oligopólicos; lo cual nos genera mucha preocupación porque se mantienen las sancione penales a quienes se dediquen al cultivo por fuera de la regulación”, expresó Ordorika.

En próximas semanas, la Corte deberá pronunciarse ante el incumplimiento de las cámaras. Si otorga otra prórroga se espera que la discusión se retome en el periodo extraordinario en septiembre, con la Cámara de Diputados renovada.

“Tendremos que seguir presionando, queremos que este tema se avance. Si bien tenemos muchas preocupaciones sobre el modelo de regulación que se está discutiendo actualmente, si creemos que más vale una regulación perfectible que una prohibición perpetua. (…) Inevitablemente será necesario regresar a reformar esta ley, probablemente sí, pero necesitamos echarla andar para poder generar los aprendizajes necesarios para llegar a ese momento”, concluyó Amaya Ordorika.


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