
Entre una ola de incertidumbre ante la aprobación de la nueva reforma a la Ley Minera, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene 90 días contados a partir del 21 de abril para crear la nueva empresa del Estado que se encargará de administrar toda la cadena de producción de litio.
Las reformas a los artículos 1, 5, 9 y 10 de la Ley Minera establecen que ahora solo el Estado es el único que puede explotar el litio. Lo que implica la creación de una empresa que por el primer año deberá realizar todas sus funciones con el presupuesto que pueda otorgarle la Secretaría de Economía (SE).
“Echar a andar un organismo público descentralizado requiere de un presupuesto, hay que delinear un reglamento orgánico que deje claro cómo va a funcionar el organismo y eso no existe en la ley actual”, advirtió Marcos del Rosario, coordinador de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
En entrevista para Animal Político, el especialista enfatizó que para crear un organismo de este tipo y que sea funcional, operativamente hablando, se debió realizar un diseño estratégico para saber cuánta gente va a trabajar en él y lo que se requiere para las tareas de esta nueva empresa.
Otro de los retos será lograr que realmente funcione y no se convierta en un lastre para la administración pública, situación que el académico ve poco probable.
Para Del Rosario, este organismo descentralizado no era necesario, pues las funciones de administrar el litio las puede asumir la SE, que tiene entre sus atribuciones el tema minero, o podrían pasarse a la Secretaría de Energía (Sener).
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