
Las investigaciones por el Caso Ayotzinapa permanecen sin
respuestas claras para los padres de los estudiantes desparecidos luego de que
un nuevo informe fuera presentado el pasado lunes por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los hechos de desaparición forzada ocurridos el 26 de septiembre
de 2014, durante el periodo del presidente Enrique Peña Nieto. Parte de las
evidencias reveladas en esta ocasión durante el tercer informe del caso es un video,
con fecha del 27 de octubre de 2014, en el que se observan a miembros de la
Secretaría de Marina de México manipulando pruebas durante la investigación.
Las evidencias se encontraban el basurero de Cocula y en donde
se presume fueron incinerados los cuerpos de los 43 normalistas. Además, se probó
la infiltración de agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en
la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante en
México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, alertó que con
la evidencia ofrecida en el informe del GIEI “Todas las instituciones,
incluidas las de procuración de justicia, deben estar sometidas a la
Constitución y la ley, así como las instituciones militares a la fiscalización
por parte de las autoridades civiles del Estado».
Los familiares de las victiman expresaron disgusto ante las autoridades
mexicanas por no haberles permitido anteriormente el acompañamiento de organismos
internacionales, con quienes ahora fueron identificados personajes clave, para avanzar
con las investigaciones y esclarecer los hechos.
Al respecto el presidente de México declaró en conferencia matutina
que “una cosa es ser culpable y otra cosa es ser responsable, se puede ser
culpable y no responsable y se puede ser las dos cosas, culpable y responsable”.
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