Rumbo a las elecciones intermedias de junio próximo, la querella del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Instituto Nacional Electoral (INE) podría terminar tras los comicios con la extinción del árbitro electoral.
La ‘intromisión’ del INE en la revocación de las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, ex aspirantes a la candidatura a la gubernatura de Guerrero y Michoacán, respectivamente, es el peor disgusto que el presidente expresó en lo que va de su administración.
“Es el órgano electoral más costoso en el mundo, y el colmo es que no es para hacer valer la democracia, sino para que no haya democracias”, lanzó López Obrador el pasado 29 de abril en conferencia.
En días pasados, el mandatario planteó una reforma para que el INE forme parte del Poder Judicial argumentando que el Instituto no es verdaderamente autónomo.
Según el titular del Ejecutivo esta iniciativa contribuirá “a evitar la intromisión de grupos de interés del régimen autoritario, antidemocrático y corrupto”.
Fue claro. La propuesta busca adherir a los Institutos autónomos a las Secretarías, ahorrar recursos y detener el pago salarial exorbitante e inmerecido que reciben los consejeros de los órganos autónomos.
Así como la Ley de la Industria Eléctrica o la Ley de Hidrocarburos, la aprobación de suprimir al INE podría darse en caso de la renovación del bloque de Morena en la Cámara de Diputados luego de las elecciones del 6 de junio. Sí el máximo órgano electoral desaparece, la democracia estará en manos del grupo en poder.
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