Industria automotriz expresa rechazo a reforma eléctrica

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Staff Semanal Gráfico / con información de Reforma

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Por “efectos negativos” en medio ambiente e inversión, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) expresó su rechazó a la reforma eléctrica que durante este mes y en febrero, es discutida en el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, entre expertos, grupos privados y gobierno.

En un comunicado, José Zozaya, presidente de la AMIA, expuso que el apoyo de la administración federal a la Comisión de Electricidad (CFE) es desigual al resto de empresas privadas que producen poco más del 40 por ciento de energía en el país.

“Celebramos el compromiso del Estado en mejorar y adaptarse a las necesidades de la ciudadanía; sin embargo, rechazamos por las razones antes expuestas la iniciativa de reforma constitucional en cuestión y solicitamos a las autoridades considerar los efectos negativos que ésta traería al medio ambiente, la inversión y, por ende, a México.

Vemos con preocupación que pudiera no haber financiamiento disponible, ni infraestructura y generación de energía eléctrica limpia que permitan atender el incremento en la demanda en el futuro cercano, tanto por la inercia económica existente como por los compromisos planteados con anterioridad», detalló el documento.

Sobre la generación de energía, explicó que de enero a septiembre de 2021 se produjeron 244.8 terawatts hora, de los cuales la CFE generó 98.6 terawatts hora (40 por ciento) y los privados 146 terawatts hora (60 por ciento), por lo que cuestionó cuál sería el camino de ese organismo para llegar a su meta.

«La duda es: ¿cómo desarrollará la CFE la capacidad adicional equivalente al 14 por ciento para alcanzar el 54 por ciento del total que establece esta reforma?», explicó.

El sector automotriz también dijo que al considerar la capacidad limitada de fuentes renovables con la que cuenta la CFE, se estima que, para alcanzar dicha proporción en la generación de electricidad, tendría que usar combustibles fósiles, lo cual podría incrementar el costo de la electricidad hasta en un 31 por ciento.

Asimismo, eliminar los Certificados de Energías Limpias (CEL’s) impediría a las empresas acreditar el uso de energías renovables, lo cual, a su vez, repercutiría en el cumplimiento de las obligaciones país de los corporativos y las contribuciones país en torno a los compromisos de descarbonización derivados de los acuerdos internacionales suscritos por México, como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y la COP 26, comentó la AMIA.

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