Ambar Carmina Martínez
Tras innumerables marchas y protestas acontecidas en el país, el pasado martes 7 de septiembre se logró un fallo histórico por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al despenalizar el aborto realizado de forma voluntaria.
El Tribunal manifestó su postura por medio de un comunicado, declarando que es “inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, por parte de mujeres y personas gestantes”
Los ministros en reunión de la SCJN invalidaron de forma unánime la legislación del Estado de Coahuila que impone cárcel de uno a tres años a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciera abortar con el consentimiento.
La decisión de la Corte es un precedente, que deberán atener los jueces locales y federales en casos futuros, considerando inconstitucional cualquier norma penal de las entidades federativas que criminalice de forma absoluta el aborto, sin embargo, lo dictado no obliga a los Congresos Estatales a modificar sus Códigos Penales.
A pesar de la flexibilidad de la Suprema Corte, está jurisprudencia no absuelve a las mujeres de pasar por un proceso judicial que exija su entidad federativa, aun así, la mayor ganancia es para las mujeres que abortaron y quienes las ayudaron, pues conseguirán salir de prisión “preventiva” de forma inmediata y de cárcel bajo un proceso de amparo.
La interrupción en México
En México el aborto está autorizado a nivel nacional, según lo establecido en el artículo 333 del Código Penal Federal cuando sea causado por imprudencia de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una violación, aunque también se consideran otras causales, como el peligro de la vida de la madre o malformaciones en el feto.
Pese a esto solo 4 de los 32 Estados del país; La Capital, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz tienen una ley de plazo que permiten la interrupción del embarazo libremente en las 12 primeras semanas de gestación y después de ese tiempo solo en algunos supuestos.
El futuro dependerá de los diputados, quienes deberán redactar nuevas leyes que busquen la protección de los derechos reproductivos de la mujer.
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