La inclusión de la mujer indígena en la política mexicana

La participación de las comunidades indígenas, en particular la de las mujeres en la toma de decisiones del país, es un problema pendiente en México. Pese al constante activismo de ellas, siguen sin ser tratadas como sujetas de derecho causando que sus necesidades se vean invisivilizadas.

Zenaida Pérez Gutiérrez es originaria de la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, en Oaxaca, integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI), ha trabajado por varios años junto a otras mujeres indígenas para que sus voces sean escuchadas, y sus ideas y necesidades sean tomadas en cuenta.

Dentro de la coordinación del Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo de Mujeres Indígenas y en la sección de redes sociales de la ANPMI, se ha encargado de brindar apoyo a otras mujeres indígenas en el cumplimiento de sus derechos y la solución de sus conflictos.

Pero en una sociedad donde todavía se tiene el marcado estereotipo de que las mujeres indígenas son trabajadoras del hogar o beneficiarías de proyectos de asistencia social, ellas siguen sin ser escuchadas con la seriedad debida a pesar de sus años de experiencia en el activismo.

La petición de Zenaida y miles de mujeres indígenas en México no es descabellada, se reduce a ser incluidas en la toma de decisiones. Esta simple acción puede llevar a cambios en el cumplimiento de sus derechos, a que sus problemáticas dejen de ser invisibilizadas y sus comunidades tengan un verdadero desarrollo.

A pesar de que cada día los miembros de comunidades indígenas sufren del incumplimiento de sus derechos con situaciones como el nulo acceso que tienen a servicios públicos brindados en su lengua, cada vez más y más de ellos se dedican no sólo a visibilizar las injusticias por las que tienen que pasar, también a brindar las herramientas a sus comunidades para prosperar.

Cada vez más mujeres como Zenaida deciden trabajar en pro del derecho de sus comunidades y de mujeres en sus mismas circunstancias para probar que las comunidades indígenas son una parte muy importante del país, a las que el gobierno debe brindar las herramientas para su desarrollo considerándoles sujetos de derecho.