
Las energías renovables en México podrían sufrir crisis en proyecciones por la aplicación de nuevas políticas gubernamentales al sector. La actual administración federal pretende frenar el crecimiento del mercado energético después del auge que mantenía desde 2015.
“Se han desarrollado ciertas barreras e incertidumbre en las reglas, han cambiado reglas para proyectos existentes, mientras no tengamos esa certeza va a ser difícil seguir desarrollando proyectos.”, afirmó Leopoldo Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana De Energía Eólica (AMDEE), en mayo pasado.
El crecimiento de la industria
El estado de Oaxaca alberga una de las zonas con mayor producción eólica en México. El trayecto de la carretera Juchitán a Tapachula, Chiapas, reluce mil 500 aerogeneradores de 28 parques eólicos del país, 17 de ellos de capital privado. En la localidad, tan solo, se produce el 60% de la energía eólica de toda la República.
El año 2015 fue fundamental para las energías renovables, el mercado abrió la participación de industrias privadas. En 2017, México concentró el 36 % de las nuevas inversiones de Latinoamérica destinadas a proyectos renovables, mencionó la Secretaría de Energía (SENER).
Las energías limpias alcanzaron el 17% del total de capacidad eléctrica en el país, incluyendo la energía eólica, fotovoltaica y fuentes hidroeléctricas. De acuerdo con el Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI), México ocupo el lugar 12 de los países más atractivos para la inversión de energías renovables en 2018.
Diecisiete mil millones de dólares fueron invertidos por la industria renovable, el 64 % únicamente a la energía eólica. El impacto económico benefició la creación de 13 mil empleos directos e indirectos, según la AMDEE.
La actual administración gubernamental trajo consigo incertidumbre en el mercado y una subasta cancelada que involucraba una inversión de mil 600 millones de dólares y contemplaba la construcción de 67 nuevas centrales fotovoltaicas y eólicas, en 22 estados del país.
La nueva reforma en energía
El pasado 29 de abril, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó un acuerdo que limita la generación de energías renovables y prohíbe las pruebas de las centrales para incorporarse a la red de suministro eléctrico.
El 15 de mayo la Secretaría de Energía estableció la política de confiabilidad, en el que otorgan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atribuciones de control y planeación frente a las particulares.
Asimismo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó un incremento de tarifas para los productores privados de renovables. El proyecto permite a la CFE ajustar los cargos aplicados por utilizar sus líneas de transmisión.
“Las medidas tomadas ponen en riesgo a corto plazo, inversiones de aproximadamente 450 millones de dólares, así como la creación de más de mil empleos”, fue la postura de Graeme C. Clark, embajador de Canadá.
La Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y Solar (Asolmex), plantearon que las nuevas reglas energéticas afectarán a 26 plantas solares fotovoltaicas y eólicas que se encontraban listas para operar. La reforma tendrá impacto en 44 proyectos de energía limpia con inversiones que ascienden a 6 mil 400 millones de dólares.
Las políticas frenaron a la par el crecimiento de la industria energética que estimaba para 2030 México pudiera generar 46% de su electricidad mediante fuentes renovables, reducir la demanda de carbón en 62%, gas natural en 21% y petróleo en 6%, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energías Renovables.
La medida de confiabilidad y el aumento de las tarifas ponen en la cuerda floja a las instituciones internacionales que ven en las energías renovables una nueva alternativa para la sociedad mexicana.
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