México avanza y retrocede en apertura de temas de diversidad sexual

En México, la diversidad sexual aun representa un tabú en la sociedad. En avances a una mayor apertura sobre temas de sexualidad, el Congreso de la Ciudad de México aprobó, por mayoría de votos, la prohibición de terapias de conversión sexual, práctica que tiene como finalidad “revertir” una orientación sexual.

La reforma castigará a quienes ejercerán Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig), métodos que incluyen violencia física, toma de hormonas, terapias de electrochoque, aislamiento e insultos hacia personas que pasan por una etapa de decisión de género, y miembros de la comunidad LGBTQ+.

La propuesta fue aprobada con 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones. Establece sanciones de 2 hasta cinco años de prisión a infractores, además de entre 50 a 100 horas de trabajo comunitario; se considerará un agravante si el tratamiento es aplicado en menores de edad.

Partidos de derecha como el Partido Encuentro Social (PES) argumentaron que “serán vulnerados en sus derechos y criminalizados por sus convicciones”. En tanto, grupos LGBTQ+ manifestaron su apoyo a la reforma afuera de la sede del Congreso durante la sesión.

El pin parental, una iniciativa de grupos conservadores

En los últimos meses, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Encuentro Social (PES) han levantado la mano para la aprobación de un “pin parental” en estados del país, normativa que viola derechos humanos de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El prototipo tiene como objetivo que padres de familia puedan impedir la aplicación de cursos sobre educación sexual, ética y perspectiva de género a sus hijos en escuelas, por ir en contra de “creencias éticas, morales y religiosas”.

Hasta el momento, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Baja California y Aguascalientes son las entidades donde se ha discutido el tema, esta última falló a favor de la comitiva en mayo.

El pasado 16 de junio, agencias relacionadas con la ONU emitieron un comunicado contra el “pin parental”. Señalaron que, aunque los padres y tutores tienen la responsabilidad primordial de la crianza, esa responsabilidad no es absoluta, “sino que está condicionada a que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plena y prioritariamente sus derechos”.

La ONU expresó que la iniciativa incumple la Constitución Política Mexicana, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño.

Por su parte, la Secretaria de Gobernación (Segob) advirtió que enviaría a los congresos locales un documento de análisis que, entre otras cosas, trataría las consecuencias sociales como incremento de violencia y abuso sexual contra menores de edad; acoso escolar, discriminación y homofobia, entre otras.