Corte frena «decretazo» por falta de transparencia

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Staff del Semanal gráfico con información de agencias

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Este martes el ministro Juan Luis González Alcántara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prohibió ocultar información de las obras del gobierno federal con base en el Acuerdo Presidencial del 22 de noviembre. Pese a ello la medida no suspenderá otros efectos del documento.

Esto se da ante la admisión de la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) para impugnar el Acuerdo.

“Es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”, expresó el ministro González Alcántara.

A pesar de ello negó la suspensión solicitada por el INAI que buscaba evitar que el gobierno realice mediante adjudicación directa obras y proyectos asociados a diversos sectores.

“Es improcedente la medida cautelar solicitada para suspender las acciones que se indican en el acuerdo impugnado en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México”.

El INAI y el Poder Ejecutivo pueden impugnar la suspensión, pero una sentencia llevará varios meses debido a que el Poder Judicial inicia el jueves su receso de fin de año.

En la demanda el INAI establecía que con el Acuerdo, las autoridades demandadas “desbordaron sus facultades”, invadiendo las competencias constitucionales del Instituto. Que la Corte concluya si el documento viola la Constitución o las leyes federales puede tardar de uno a dos años.

El INAI ha sido el único órgano que ha impugnado el Acuerdo, la Presidenta del Senado Olga Sánchez Cordero se negó a promover una controversia y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) criticó el documento pero no ha presentado una demanda.

El Acuerdo Presidencial clasifica de seguridad nacional obras del gobierno en sectores como comunicaciones, fronterizo, turístico, salud, energético, entre otros que se consideran estratégicos. Plantea que si las dependencias no autorizan los proyectos en cinco días hábiles, el permiso, licencia o dictamen han sido aceptados.

El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ha defendido que con ella busca agilizar sus proyectos y evitar amparos. Por su parte, los críticos han señalado que viola varios artículos de la Constitución y diversas leyes que tienen jerarquía superior a cualquier norma que expide el gobierno federal. 

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