Gobiernos arremeten contra periodistas por coberturas de Covid-19, denuncia Artículo 19

Foto: Oscar Rodríguez
Fernanda López

Fernanda López

El número de casos de violencia contra periodistas en MéxicoCentroamérica y el Caribe, han repuntado durante las coberturas por la emergencia sanitaria del virus SARS-CoV-2. Gobiernos y ciudadanía impidieron, o recurrieron a actos de intimidación contra el trabajo de la prensa.

En el informe “Coronavirus Opacidad Violencia Impunidad y Desinformación (COVID)”, las organizaciones Artículo 19 Fundación Friedrich Naumann revelaron que, entre el 12 de marzo al 16 de mayo, 120 comunicadores fueron agredidos en México, de los cuales 52 fueron agresiones.

Del total, 36 carpetas corresponden a relación con servidores de Estado, los hechos más frecuentes fueron bloqueos o alteración de información (27.8%), intimidación y hostigamiento (22.2%), privación de la libertad (19.4%), uso ilegitimo del poder público (16.7%), y ataques físicos (13.9%).

“En México, las autoridades han aprovechado la crisis como una excusa para censurar y estigmatizar las voces disidentes (…) Los individuos en general, han retomado el discurso estigmatizante para intimidar y evitar la cobertura de su propio manejo de la emergencia sanitaria”, menciona el documento.

El estado de Puebla encabezó las denuncias con el 19.23%, seguido de la Ciudad de México con 15.38%, mientras que Estado de México registró el 9.61%, siendo así las tres entidades federativas con más reportes en la República mexicana.

Represalias en Centroamérica y el Caribe

Al igual que en México, la censura y los ataque contra el flujo informativo se vive en países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Cuba, donde, en palabras de Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19 Oficina México y Centroamérica, la crisis sanitaria “exacerbó los ánimos autoritarios de gobiernos que, hasta el momento, se consideraban democráticos”.

Según el informe “COVID”, los mandatarios de cada uno de estos países utilizaron la contingencia sanitaria para, mediante la implementación de ciertas políticas públicas, propiciar represalias entorno a la manera en que los periodistas realizan su trabajo y en la que se ejerce la libertad de expresión en espacios físicos y digitales.

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