Ley de la FGR obstaculiza los derechos de familiares y victimas desaparecidas

Foto: Oscar Rodríguez

El pasado 22 de abril  la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que abrogará la Ley Orgánica que dio origen en 2018 a la Fiscalía General de la República (FGR). La nueva ley, eliminará la participación de víctimas y familiares en las investigaciones, además de que disminuirá las responsabilidades de la FGR en la búsqueda de desaparecidos.

Con 312 votos a favor, 135 en contra y 10 abstenciones fue aprobada en lo general la iniciativa presentada por la Comisión de Justicia a propuesta del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero

Algunos de los cambios que implica la nueva ley son que la fiscalía solo resolverá casos de fuero federal y participará como “entidad autónoma” en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y en sistemas de búsqueda de desaparecidos. Además, disminuye la participación de víctimas, sus representantes y de familiares en la investigación.

“Dentro de los derechos dice que los ministerios van a poder recibir propuestas de línea de investigación. Anteriormente no era una propuesta de investigación, éramos coadyuvantes de la investigación”, explicó Grace Fernández, de Buscando Desparecidos México, Búscame en entrevista con Aristegui Noticias.

Desde el principio, la reforma no ha contado con la aprobación de colectivos de búsqueda quienes la consideran una regresión y “la reinstalación de un modelo autoritario de procuración de justicia”. En distintos comunicados, colectivos mostraron su rechazo del dictamen.

Por su parte, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) exigió al Senado continuar con “la discusión parlamentaria para fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas” debilitado por la ley aprobada y otras reformas relacionadas.

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y 27 comisiones estatales consideraron que el dictamen incumplía con la obligación constitucional e internacional del Estado mexicano de “proteger, garantizar y respetar los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos”,

Además, el Colectivo contra la Impunidemia acusó al fiscal Gertz Manero de no haber rendido cuentas de los dos años de su gestión y de que la aprobación se dio con irregularidades, resaltando la participación de miembros de la FGR en ella.

Por último, llamaron al Poder Legislativo a que “decida con responsabilidad y compromiso social e impida la pérdida de la autonomía de la Fiscalía y la independencia del Poder Judicial, que minan de manera grave nuestra democracia y acceso a la justicia”.

La indiferencia por los desaparecidos

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), de 2006 a marzo de 2021 se han dado 85 mil 6 reportes de personas desaparecidas. 44 mil 174 de los registros se dieron desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018.

En Puebla, la Ley de los Desaparecidos lleva un año en la congeladora sin registrar ningún avance. Con ella se buscaría regular las acciones búsqueda de personas desaparecidas y contemplar todo tipo de reparación del daño para las víctimas directas e indirectas.

“Tiene más de un año que presentamos la iniciativa de manera conjunta, con la IBERO y el Colectivo Voz de los Desaparecidos y hasta el momento no se ha dado ninguna respuesta para la discusión de la misma”, compartió Estefanía Rodríguez Sandoval, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado.

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