Mujeres no están seguras en casa, octubre supera 20 mil denuncias por violencia familiar

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Wendy Herrera

Wendy Herrera

Desde el inicio del confinamiento a la fecha, más de 130 mil carpetas de investigación fueron iniciadas por violencia familiar. Se prevé que 2020 registrará el alza más grande en materia de maltrato doméstico; hasta octubre subió en un 3.4% respecto con el año anterior.  

En total, 20 mil 590 casos fueron reportados durante octubre pasado, en contraste con 2019, donde se registraron 18 mil 796. En lo que va de la emergencia sanitaria, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) recibió 200 mil denuncias de maltrato contra la mujer; en promedio, 740 mujeres son víctimas de agresiones psicológicas, verbales o físicas al día.

En marzo, la Cámara de Diputados aumentó la condena contra el delito a 7 años de prisión. Sin embargo, el confinamiento ocasionó que agencias del Ministerio Público cerraran sus puertas temporalmente, impidiendo que víctimas denunciaran los hechos.

La pérdida de empleos y el recorte o pago parcial de salario son factores clave en la problemática social. Con la reapertura paulatina, las denuncias incrementaron exponencialmente, principalmente en Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.

“Una mujer, un adulto mayor que está siendo víctima en su casa, difícilmente salió a denunciar al agresor cuando ni siquiera pudo salir a la calle, cuando muchas agencias del Ministerio Público estaban cerradas, cuando había una menor posibilidad para poder emitir la denuncia.”, sostuvo Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

Refugios, alternativas contra la violencia

Inmobiliarios, recortes presupuestales a instituciones públicas, disminución de ayuda humanitaria y la falta de seguimiento del Estado a temas con perspectiva de género y atención contra delitos, agravan la erradicación de la violencia doméstica.

En el país, el programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, pretende “favorecer la creación y fortalecimiento de refugios como espacios seguros para víctimas de violencia, que les brinden condiciones adecuadas para su bienestar, desarrollo humano y empoderamiento mediante la atención especializada de la violencia de género”.

El programa gubernamental solo tiene cobertura en 28 entidades de la República, incluidos Chihuahua, Estado de México, Sinaloa, Coahuila y Puebla. La iniciativa financia a proyectos privados, o de asociaciones civiles encargadas de ofrecer los servicios de forma gratuita y confidencial; en total la dependencia pública mantiene a 72 en México.  

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