Wendy Herrera
En la última década, México ha registrado más 10 mil contagios y más de 4 mil decesos anuales por VIH; el tratamiento del virus es ofrecido en instancias de salud mediante recursos destinados por el gobierno federal. Con el nuevo recorte de presupuesto, los pacientes quedarán expuestos a la falta de insumos médicos.
El pasado 30 de octubre, el Senado aprobó una reforma que permite a la actual administración retirar 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, y pasarlos al flujo de la Tesorería de la Federación. El recorte de recursos afectará el abasto tratamientos especiales.
Padecimientos catastróficos
El Fondo de Salud de Gastos Catastróficos (FSGC) surgió en noviembre de 2004, durante el mandato de Vicente Fox; sus recursos lograron financiar padecimientos catastróficos (cáncer, VIH, trasplantes, y enfermedades huérfanas). Antes de la desaparición del Seguro Popular, más de 54 millones de afiliados obtuvieron diagnósticos, medicamentos, intervenciones quirúrgicas y cuidados intensivos.
En enero pasado, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) absorbió al FSGC y se encargó de su capital, patrimonio, derechos y obligaciones. El nuevo órgano de salud gratuito pretendía brindar los mismos servicios médicos para los beneficiarios, incluyendo los padecimientos catastróficos; con el corte del fideicomiso esa realidad se ve cada vez más alejada.
La lucha de los pacientes de VIH
El año pasado, más de 17 mil personas fueron diagnosticadas con VIH, de las cuales 5 mil 323 fallecieron. El 82.4% de los muertos fueron hombres, mientras que el porcentaje de mujeres ocupa el 17.6%. Al corte de septiembre, en el país surgieron 6 mil 478 nuevos casos detectados.
El tratamiento estándar de los pacientes de VIH depende de los medicamentos antirretrovirales. Estos insumos reducen la carga viral en el organismo del afectado, lo que ayuda a mantener estable el sistema inmunológico; en el proceso se combinan dos o tres inhibidores.
El costo de los recetados varía de acuerdo a su función. Actualmente el antirretroviral más económico, la lamivudina, oscila en 400 pesos por caja; mientras que la Enfuvirtida supera los 20 mil pesos, de acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA).
Ante el retiro de recursos, los enfermos más vulnerables se encuentran en espera de resoluciones que no atenten contra sus derechos. Frente al Senado, víctimas lanzaron huevos al área legislativa. Más tarde, dieron a conocer un pliego petitorio que solicita a las autoridades un etiquetado obligatorio para que los 33 mil millones sean utilizados en materia de salud.
A la petición se sumó el activista Alain Pinzón. “Solamente etiquetando los recursos se podrá saber que se utilizarán para el derecho a la salud de las y los mexicanos. Aunque esto signifique una reserva al dictamen que fue aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados”, afirmó en diálogo con senadores.
Otro de los puntos refiere al regreso íntegro del capital a la institución de salud, a la cobertura de gastos de atención especializada de los pacientes, y a la garantía de compra de medicamentos y realización de estudios de laboratorio. Mediante una minuta, se dará seguimiento de la reforma, para garantizar un proceso transparente.
La Ley de Ingresos recibirá un monto total de 6 billones, 295 mil 736 millones de pesos, mientras que el INSABI quedará con recursos limitados para atender la salud de los más vulnerables.
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