Progreso a CFE; portazo a la IP: la reforma eléctrica de AMLO

Continuando su camino por revertir la reforma energética de 2013, el pasado viernes 1 de octubre el gobierno federal presentó su iniciativa de reforma en el ámbito energético. Esta, busca modificar algunos artículos de la Constitución y de la Ley de la Industria Eléctrica (ILE).

Con esta reforma, la administración de Andrés Manuel López Obrador busca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encargue exclusivamente del abastecimiento, solo dejando al sector privado participar en la generación de energía “hasta el 46%”.

“Se propone una colaboración en generación eléctrica entre la CFE y el sector privado, que sea honesta y de buena fe, al servicio de la Nación”, enuncia la iniciativa.

Los permisos ya otorgados para la generación de energía y los de compraventa con privados quedarían cancelados, aunque no se define si se otorgarán indemnizaciones por ello.

Al ser una reforma constitucional las empresas ya no podrían pedir un amparo a los tribunales nacionales para defender el cumplimiento de los contratos pactados con la administración anterior. En su lugar, tendrían que acudir a cortes de arbitraje internacionales.

Además de ello se plantea desaparecer la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), ambos organismos encargados de la regulación, otorgamiento de permisos de generación, tarifas de porteo de transmisión y distribución, funciones que debe tener el Estado. Si la iniciativa es aprobada, la Secretaría de Energía pasaría a tener estas funciones.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) volvería a ser parte de la CFE. Este se encarga de establecer si la energía que “sube” al sistema eléctrico es de una empresa privada y en qué orden se debe consumir. Actualmente gracias a la reforma de 2013 la preferencia la tiene el sector privado.

El 9 de marzo de este año ya había sido aprobada una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la cual prioriza la inyección de la energía eléctrica generada por CFE, flexibiliza el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia y eliminó el autoabastecimiento.

Con esta nueva reforma la CFE dejaría de ser una “empresa productiva del Estado” regresando a ser una paraestatal encargada de preservar la seguridad energética.

Sumado a lo anterior propone que el Estado sea el único que pueda explotar y producir minerales estratégicos para la electricidad, como lo es el litio que sirve para la fabricación de baterías para autos eléctricos o para smartphones.

“(Los objetivos de la reforma de 2013) fueron el despojo, la desaparición de las empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado”, argumenta la iniciativa de ley presentada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.