Respaldan a CRE contra denuncias por permisos en hidrocarburos

Las nuevas disposiciones en el proceso de concesiones a gasolineras privadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ha desencadenado en varias denuncias en contra de la dependencia por presuntos actos de corrupción y conflicto de intereses.

En la conferencia mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de la Comisión negando los señalamientos y manifestó su respaldo al órgano regulador de gobierno.

“Yo creo que los consejeros de la CRE son gentes honestas, serias, responsables. Se pudo cambiar a los miembros del consejo y todos, mujeres y hombres, son íntegros, son honestos, puedo estar tranquilo, sé que no hay corrupción en la CRE, que no hay moches”, lanzó.

Al mismo tiempo, volvió a enfatizar que los sobornos y tráfico de influencias para los permisos a grupos gasolineros eran ‘comunes’ en administraciones pasadas, por el dominio del crimen organizado (huachicoleros) en el mercado negro.

“Anteriormente había un problema ahí en todos estos organismos, había mucha corrupción, empezando por la decisión que tomaron cuando se llevó a cabo la reforma energética de entregar concesiones a diestra y siniestra.

Permisos de importación para la instalación de gasolineras, para la introducción de combustibles, un desorden y en la mayoría de los casos esos permisos no se aplicaron, entraron a una especie de mercado negro en donde se vendían”, justificó.

A partir de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, las carpetas contra la CRE por beneficios a Pemex y afectaciones a la Iniciativa Privada aumentaron. Tan solo de diciembre de 2020 a marzo de 2021, la empresa paraestatal recibió 28 nuevos permisos en instalación de estaciones.

Mientras que los competidores, el que más concesiones tuvo fue la compañía G500 con dos gasolinerías. En tanto, el grupo BP sufrió la clausura de 4 sedes por ‘nuevas disposiciones; Exxon Mobil se mantuvo sin afectaciones ni apoyos.

Por último, el mandatario federal agregó que la IP mantiene 110 contratos para la explotación de petróleo en territorio mexicanos, de los cuales solo 20 han realizado inversiones. En algunos casos, el gobierno optó por no revocar pactos como medida cautelar de posibles litigios por incumplimiento.