Ser fiscalías, detectives y peritos, la labor de quienes buscan a sus desaparecidos

El 24 de agosto fue aprobada la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla; a ‘regaña dientes’: el Congreso local, y claros-oscuros para beneficio de las familias
Foto: Anel Esgua

Es rabia, angustia y dolor, el martirio de miles de personas que buscan a sus familiares en alguna parte de México. Quienes en su caminar, cada día recorren largas calles pegando anuncios de búsqueda en postes y paredes, insuficientes para dar con el paradero de quien sigue ausente.

Deciden investigar con ayuda de las fiscalías y comisiones de búsqueda para localizar a su familiar; otros por su cuenta. Las dependencias de gobierno son un arma de doble filo, pues los avances y resultados en investigaciones resguardan obstáculos administrativos y de tiempo. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas, solo 4 de cada 10 personas que son reportadas como desaparecidas llegan a ser encontradas.

En materia de búsqueda, de 2018 a 2020, Puebla ascendió a 4 mil 159 desaparecidos, señalan cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE). Además, información de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), ubica a la entidad poblana en el tercer lugar con el mayor número de niñas, niños, adolescentes y mujeres no localizados.

La desaparición de un familiar

La necesidad de agilizar el proceso de búsqueda lleva a padres, madres, hermanas, hermanos, hijas e hijos a hacer la labor de la Fiscalía. Hay quienes son abrazados por colectivos que les brindan apoyo durante el proceso, en la mayoría de los casos, lento y cansado.

María Luisa Núñez es una de las tantas mamás que sigue en pie de lucha, buscando a su hijo Juan de Dios, quien desde el 30 de abril de 2017 desapareció. En su camino, María Luisa descubrió la impunidad y la situación que enfrenta el estado de Puebla con los miles de nombres que siguen en la lista de búsqueda.

Al darse cuenta de la falta de apoyo que existía, comenzó a contactar a familias de desaparecidos. El 30 de agosto de 2018 fundó el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla (VDP).

Entre las tantas historias que existen en el grupo, está la de Luz María Nieto Granados, una madre que busca desde hace más de 4 años a su hijo, Juerguen Manuel Nieto Granados, no localizado desde el 20 de mayo de 2017.

“La carpeta de investigación no avanza”, remarca, en varias ocasiones, en entrevista con El Semanario Gráfico.

Con una mirada cansada, explica que fueron los mismos familiares quienes aportaron datos de lo que podría haber sucedido con Juerguen Manuel. “Que los busquen y que los encuentren, nosotros no vamos a dejar de luchar”, añade.

La desaparición de un familiar y su posterior búsqueda se vuelve la experiencia más inhumana y cruel, considera la mujer de 50 años.

“Un desaparecido es un número más, una carpeta más, pero para los que estamos viviendo esta realidad es la experiencia más inhumana, la más cruel que uno puede pasar”, expresa sobre la situación.

Luz María participó en el plantón que mantuvo el colectivo VDP por 43 días afuera del Congreso de Puebla, en exigencia por la aprobación de la Ley de Desaparecidos.

Desde 2019 la esperanza de las familias no cayó. Con ayuda de la presión y resistencia dieron paso firme para que las y los diputados notaran la falta que hacía esta ley; aprobada el pasado 24 de agosto.

El producto de años de lucha

La aprobación de la Ley de Desaparecidos fue promocionada por diputadas y diputados de la LX Legislatura del Congreso de Puebla como una deuda con las familias que sería pagada. A dos semanas de cerrar el periodo ordinario, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Nora Merino Escamilla, realizó un carrusel de medios alardeando de la última función del Poder Legislativo saliente.

La iniciativa volvió a estancarse en comisiones, y el 15 de julio la Voz de los Desaparecidos instaló un plantón exigiendo una sesión extraordinaria. Catorce días después, el gobernador Luis Miguel Barbosa anunció que mandaría una propuesta sobre los desaparecidos, y llamó a los legisladores a atender de urgencia.

La presión del colectivo logró que fuese aprobada la Ley de Búsqueda de Personas en el Estado de Puebla. Pero, ésta deja de lado las propuestas de familiares, como la creación de un Fondo Estatal para la tarea de búsqueda, identificación de personas y los derechos de las víctimas.

Las faltantes de la ley se plantean en la poca participación de las familias en las comisiones de búsqueda, Consejo Ciudadano y algunos grupos de búsqueda. Así como en la carencia de derechos para recibir un trato digno durante el proceso.

Otra limitante es la exclusión que genera, debido a que solo quienes tienen parentesco sanguíneo o cónyuges pueden hacer uso de la ley.

Aun con las deficiencias que carga, los familiares vieron la aprobación como un paso más, un respaldo que podría ayudarles para que las autoridades realicen su trabajo. La incertidumbre seguirá, como el nombre de la ley; la falta de la palabra ‘desaparición’ marca una diferencia en las investigaciones.

“Desde el nombre de la ley empieza la negativa del estado por reconocer su culpa, su responsabilidad en el fenómeno de la desaparición de personas”, manifestó María Luisa Núñez, cofundadora de la Voz de los Desaparecidos, a esta casa editorial.

Los pasos que dieron fueron solitarios y lentos, pues el colectivo no tuvo contacto con el gobernador Barbosa Huerta o la presidenta de la Jucopo Nora Escamilla. El gobierno careció de empatía con las familias que tenían decenas de fotos plasmadas en lonas de “se busca”.

“Hoy nos vamos cómo llegamos; como lo que somos, grandes, fuertes, dignos, libres. Nos vamos por la puerta grande”, exclamaron al clausurar el plantón.

La ausencia de un familiar es una experiencia terrible, durante las búsquedas hay quienes se topan con equivocaciones e injusticias. Para algunos, contar con el colectivo la Voz de los Desaparecidos en Puebla se volvió un frente común lleno de fuerza y apoyo.

Los logros para dar voz a quienes no están presentes se han hecho notar desde finales de 2018, con la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Así como el aumento de ministerios encargados de las investigaciones, pasando de tres a 12 ministerios.

“Exigimos búsquedas efectivas, búsquedas reales, basta ya de simulaciones. Pegar boletines dos cuadras a la redonda no es búsqueda. Exigimos respeto a los familiares. Exigimos que esta Comisión responda a las necesidades de las familias de desaparecidos”.

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El Semanario Gráfico inició circulación en noviembre de 2020, tras 11 meses de desarrollo. Nuestros primeros pasos en el periodismo lo dimos como Sala de Prensa, proyecto universitario que mantuvo vigencia por más de 7 años.

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