Sin permisos ambientales, así avanza el Tren Maya

El decreto sobre obras prioritarias aprobado el 22 de noviembre por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendría un efecto directo sobre las obras del Tren Maya, uno de sus proyectos estratégicos. En concreto, sobre los tramos 5, 6 y 7, que van desde Playa del Carmen, Quintana Roo, hasta Escárcega, Campeche. Con el nuevo acuerdo, Fonatur no tendrá que esperar a que se apruebe la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un requisito para iniciar cualquier obra, ni esperar a ningún otro permiso: podría iniciar las obras con un margen de un año para recibir el aval definitivo. Estos últimos tramos del megaproyecto son los que están a cargo de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“No tiene nada que ver con transparencia”, dijo en conferencia López Obrador, quien aseguró el objetivo del acuerdo es “agilizar trámites”. Con el decreto, el presidente podría eludir procesos administrativos a los que obliga la ley e impedir la acción de amparos que puedan ralentizar las obras. Aunque en realidad, Fonatur no está respetando las suspensiones decretadas por jueces, según explica Miguel Anguas, abogado de Indignación, una ONG que tiene presentados varios amparos. Por ejemplo: un juez ordenó detener las obras en Yucatán tras un amparo de su colectivo, pero los trabajos continúan en los tramos 3 (carretera Campeche) y 4 (Izamal-Cancún).

Con el decreto del lunes, Fonatur evitaría el trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Según explica Daniel Basurto, presidente de la Academia Mexicana por el Impacto Ambiental, existen otros permisos como el uso del suelo o las concesiones para extraer agua, aunque la MIA es el más importante. En él, el promotor, en este caso Fonatur, debe incluir las posibles afectaciones al medio ambiente y sus propuestas para mitigarlas, además de determinar si son necesarios otros trámites en las regiones para autorizar las obras en cada tramo.

Con el decreto del lunes, Fonatur evitaría el trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Según explica Daniel Basurto, presidente de la Academia Mexicana por el Impacto Ambiental, existen otros permisos como el uso del suelo o las concesiones para extraer agua, aunque la MIA es el más importante. En él, el promotor, en este caso Fonatur, debe incluir las posibles afectaciones al medio ambiente y sus propuestas para mitigarlas, además de determinar si son necesarios otros trámites en las regiones para autorizar las obras en cada tramo.

La Semarnat debe evaluar si las medidas de mitigación propuestas detienen los impactos negativos sobre el medio ambiente, además de los estudios de mecánica de suelos, de topografía e hidrológicos. También determinar si se requiere expropiación, compra o adquisición de los predios y superficies requeridas para el establecimiento de la vía ferroviaria.

En este proceso se abre un periodo de consulta en el que cualquier ciudadano puede acceder a la información y realizar sus propuestas. Al final del proceso, Medio Ambiente decide si el proyecto sigue adelante sin modificaciones, si debe hacer algún cambio o si se rechaza. Teniendo en cuenta que el Tren Maya es un proyecto estratégico de esta administración, las organizaciones que han seguido el proceso no contemplaban ni como hipótesis esta última opción.